GINEBRA (AP) — Expertos independientes del máximo organismo de derechos humanos de la ONU acusaron el miércoles al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, destacando casos espantosos de tortura y asesinatos presuntamente perpetrados por fuerzas de seguridad que utilizaron técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia.

El mordaz y profundo informe —encargado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos— dice que los responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes deben rendir cuentas para así brindar justicia a las miles de víctimas y garantizar que dichos crímenes no vuelvan a ocurrir.

Es probable que el informe incremente la presión sobre el gobierno de Maduro, que encabeza un país en ruinas con una inflación galopante, violenta represión y un éxodo de millones de venezolanos que han huido a países vecinos para escapar de la agitación desde que asumió el poder en 2013.

Los expertos dicen que revisaron casi 3.000 y examinaron más de 5.000 asesinatos, y que concluyeron que Maduro y sus ministros de Defensa e Interior tenían conocimiento de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia de Venezuela.

Además, alegan que las autoridades de alto nivel tenían poder y supervisión sobre las fuerzas y agencias, lo que hace responsables a los altos funcionarios.

El canciller venezolano Jorge Arreaza calificó el documento elaborado por la misión de la ONU como un informe plagado de “falsedades”, y afirmó que el estudio fue elaborado a distancia y “sin rigor metodológico alguno por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington".

Arreaza expresó en su cuenta de Twitter que el informe “ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH”.

El canciller recordó que, en diciembre del año pasado, el gobierno venezolano anunció que no reconocía “ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en DDHH, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina de la Alta Comisionada”.

Los críticos ya han acusado al gobierno de Maduro de crímenes contra la humanidad. Pero el informe de 411 páginas representa una de las miradas más extensas a los abusos recientes a los derechos humanos en Venezuela, basándose en entrevistas con víctimas, familiares, testigos, policías, funcionarios y jueces, además de videos, imágenes satelitales y contenido de redes sociales. Los autores dijeron que no recibieron respuestas del gobierno.

Los expertos —Marta Valinas de Portugal, Francisco Cox Vial de Chile y Paul Seils de Gran Bretaña— trabajaron bajo una misión de investigación que el Consejo de Derechos Humanos, conformado por 47 naciones, estableció en septiembre para indagar posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes, y otras violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014.

“Estos actos se cometieron de conformidad con dos políticas estatales: una para sofocar la oposición al gobierno y otra para combatir el crimen, incluida la eliminación de personas percibidas como delincuentes”, dijo Valinas a los periodistas. “También consideramos que los delitos documentados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

“Por estas razones, la misión tiene motivos razonables para creer que esto equivale a crímenes de lesa humanidad”, dijo, señalando las supuestas muertes arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, en particular.

De acuerdo con el Artículo 7 del tratado que estableció la Corte Penal Internacional, un crimen de lesa humanidad es un acto cometido "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil".

Los expertos señalaron que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela ocurrieron en medio de un colapso de las instituciones democráticas, del estado de derecho y de la independencia judicial en el país, a menudo durante la represión de manifestantes. Aseguraron que la “gran mayoría” de los asesinatos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad no han sido procesados y que “en ningún momento los funcionarios con responsabilidad de mando han sido llevados ante la justicia”.

El reporte reveló que miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales, una temida división de la policía nacional, y otra unidad fueron responsables de más de la mitad de las miles de muertes ilícitas examinadas por los expertos. Los superiores tenían autoridad para otorgar a los oficiales “luz verde para matar”, escribieron los autores del estudio, citando un video de entrenamiento en el que se ve que los oficiales son alentados a “matar criminales sin compasión”.

La comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien visitó Venezuela el año pasado y sostuvo un encuentro con Maduro, ha exhortado al mandatario a disolver las fuerzas especiales y hacer que los líderes de la división rindan cuentas. Sus solicitudes han sido ignoradas.

Los expertos del consejo de derechos humanos encontraron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) responsable de arrestos con trasfondo político y tortura en contra de disidentes y activistas de derechos humanos, asegura el reporte. Cox, el experto chileno, detalló una amplia gama de supuestos métodos de tortura y que, señaló, en ocasiones resultaron en daños físicos y psicológicos permanentes, e incluso la muerte.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante”, dijo Cox en una videoconferencia.

Los expertos señalaron que tienen registrados los nombres de más de 45 elementos de inteligencia y contrainteligencia “que deberían ser investigados y procesados”, aunque no los difundieron. Los nombres podrían darse a conocer a fiscales de la Corte Penal Internacional, que en 2018 abrió una investigación preliminar sobre las acusaciones de abusos en Venezuela.

Venezuela es miembro del tribunal, lo que significa que los delitos en el país estarían bajo jurisdicción de la corte.

Organizaciones humanitarias locales e internacionales y opositores expresaron su respaldo al documento de la misión de la ONU y plantearon que marca un “antes y un después” en materia de derechos humanos en Venezuela.

El líder opositor Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, afirmó que el informe representa un “gran avance y mueve el tablero a favor de nuestra lucha”, e indicó en un mensaje de su cuenta de Twitter que la evaluación de la misión revela que “Maduro es un criminal que, además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad”.

Asimismo, el congresista opositor Miguel Pizarro, quien fue comisionado por Guaidó para la ONU, dijo a la prensa que el informe “deja muy claro” el vínculo entre Maduro, el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, los ministros de Relaciones Interiores y de Defensa, mayor general Néstor Reverol y el general en jefe Vladimir Padrino López, respectivamente, y de la cadena de mando hacia abajo en "la violación de derechos humanos, bien sea por acción o por omisión”.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, consideró el informe como un “hito” para las víctimas de violaciones humanos, y compartió el llamado de la ONU a la justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional, para que se garanticen “los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición”, de acuerdo con un comunicado de la organización.

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Los periodistas de The Associated Press Scott Smith y Fabiola Sánchez contribuyeron a este despacho desde Caracas.